Cerro Verde y las deficiencias en sus monitoreos participativos

Luz Guerra es una vecina del poblado de Cerro Verde, el más cercano a las operaciones mineras, que ha decidido sostener su particular batalla para demostrar todos los perjuicios que ella cree ha traído la minera a su comunidad. Desde el ruido, el mal olor y el color del agua que arroja al río la empresa que ha instalado una gigantesca bomba de agua a pocos metros de su casa; hasta la permanente vibración de esa bomba que ha partido en dos la vivienda de un piso que habita desde siempre.

Ella, su familia y sus vecinos, nunca habían visto, en su estrecha pista, maquinarias de ruedas tan grandes y camiones de gran tonelaje; que son parte de los 6 mil millones de dólares que la empresa minera ha invertido desde 2013 para cuadriplicar su producción de cobre, hasta convertirse en la más grande del Perú y la tercera en el mundo. Cerro Verde extrae diariamente 410 mil toneladas métricas de cobre, un volumen similar a una manzana entera de casas de cuatro pisos cada una.

Pero no es la maquinaria lo que más les incomoda, ni la bomba cuya vibración ha cuarteado la mayoría de casas cercanas, ni el olor nauseabundo que despide la planta de tratamiento de aguas servidas, también muy cerca de la población; sino lo que advierte como un deficiente control y fiscalización ambiental por parte del estado.

Parte de esa desconfianza nace de los llamados monitoreos ambientales participativos; a los que, asegura, la población nunca ha sido convocada de manera abierta y transparente. Como muchos otros vecinos con los que El Búho pudo dialogar las últimas semanas, Luz Guerra acusa un manejo oscuro de esta vigilancia participativa.

¿Quiénes participan?

El Búho accedió a las actas de los monitoreos participativos efectuados por Cerro Verde entre 2013 y 2019. Una verificación de las identidades de las 3115 firmas en estos documentos, arroja un resultado que pone en entredicho la transparencia de estos procesos. En buena cuenta, la asistencia de los potenciales afectados es minoritaria y los resultados no se difunden de manera masiva.

Los monitoreos participativos ambientales son una obligación de las empresas con actividades extractivas, a la que se comprometen como parte de su programa de vigilancia ambiental, cuando solicitan autorización para operar. El plan está contemplado en el Estudio de Impacto Ambiental y establece la frecuencia y tipo de monitoreo que realizará de manera participativa. La finalidad es asegurarse que sus operaciones no impactan negativamente en el entorno.

Según la norma “el Programa de Monitoreo Ambiental comprenderá actividades que permitan efectuar un seguimiento representativo y oportuno del desempeño ambiental, y generar información que permita evaluar las condiciones del ambiente que esté influenciado por las operaciones mineras o los que tengan potencial de ser afectados por éstas, así como por las actividades que se desarrollen en torno a aquellas”.

Pese al reclamo de dirigentes de los pueblos impactados por las operaciones mineras, estos monitoreos se llevan a cabo en presencia de personas, en su mayoría, ajenas a la población que habita esos lugares: estudiantes universitarios, funcionarios de la minera y de las empresas encargadas del estudio.

“Nunca se ha hecho una convocatoria pública”, sostiene Roxana Ortiz, otra vecina de Cerro Verde, también afectada por las vibraciones de la planta de bombeo que no ha obtenido reparación para los daños estructurales causados en su vivienda. En una ocasión, ella y Luz Guerra descubrieron casualmente que se realizaría un monitoreo de aire en su zona y exigieron participar. Tomaron fotografías de los filtros de la estación de monitoreo, pero nunca fueron informadas de los resultados y medidas a tomarse.

Las actas hablan

En promedio, solo una de cada cinco firmas en las actas de monitoreo participativo corresponde a alguien que se identifica como vecino de la zona. Hay casos en que no asiste ningún poblador de los distritos afectados; o un vecino que asiste a monitoreos en más de un distrito. Según algunas actas, los únicos presentes son funcionarios de la minera y representantes de los laboratorios y consultoras.

“Solo convocan a sus allegados. Una vez quisimos participar y fuimos hasta donde iba a realizarse el monitoreo en Yarabamba, pero la minera y el municipio, avisados, decidieron postergar la actividad”. Así se expresa Jesús Aguilar, miembro del Frente de Defensa que han formado representantes de los distritos de Uchumayo, Tiabaya, Quequeña, Yarabamba, Characato y Hunter; los más cercanos al centro de operaciones. Su finalidad es reclamar sobre éste y otros aspectos relacionados con los efectos de la minería en la ciudad de Arequipa.

Según el informe del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), entre los años 2013 y 2019 se realizaron 85 informes de monitoreo participativo por parte de Sociedad Minera Cerro Verde en los distritos vecinos de Uchumayo, Socabaya, Sachaca, Yarabamba y Quequeña.

Como muestra el gráfico, del total de firmantes (3115), solo el 18% representan a pobladores o delegados de asociaciones que residen en los distritos comprometidos. Aun así, algunos de los firmantes rubrican actas de otros distritos, a los que no representan y existen actas sin presencia de pobladores.

Procedencia de participantes en monitoreos ambientales participativos

El grupo más numeroso de asistentes (33%) corresponde a estudiantes universitarios que no se identifican como pobladores de estos distritos. Se trata de alumnos de carreras como ingeniería ambiental, ingeniería química o ingeniería industrial; quienes son enviados por sus docentes a invitación de Cerro Verde, como parte de una experiencia formativa.

Le sigue el grupo de representantes y autoridades de municipalidades, que aglutinan un 12%.

Del cuarto al sexto grupo son personas relacionadas con la empresa minera, lo que incluye a los representantes de laboratorios y consultoras que toman parte del proceso, contratadas por Cerro Verde. Por separado son el 11%, 4,6% y 8%; pero en conjunto, conglomeran el 23,6% del total de firmas, lo que los convierte en el segundo grupo de firmantes más numeroso.

Con menor participación figuran representantes del Colegio de Ingenieros del Perú, sede Arequipa, el Instituto de Gestión Ambiental (ICIGA) de la Universidad Nacional San Agustín y representantes del Estado (subprefectos y gobernaturas). En la cola se encuentra la representación de OEFA, que solo aparece en la firma de 10 de las 162 actas revisadas.

Testimonio de parte

Entre los nombres más recurrentes en las actas de monitoreos está el de la ingeniera ambiental Alexandra Sánchez Moreno, egresada de la Universidad Católica Santa María. De acuerdo con la documentación presentada por Cerro Verde, la joven participó en varios monitoreos del año 2017. Su firma aparece estampada hasta en 11 actas de los distritos de Uchumayo, Hunter y Tiabaya.

Consultada por El Búho sobre su participación, la estudiante explicó que fue parte de un programa promovido por la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental. En función a un convenio, se daba oportunidad a estudiantes con buenas calificaciones a participar en los talleres de inducción y tomar parte en el recojo de muestras. En años posteriores se amplió la convocatoria a todo el cuerpo estudiantil, según detalló.

“Ahora es de acceso libre. La semana antes del monitoreo se publicita. Dentro de la misma universidad pueden participar las personas que deseen saber cómo se hacen los monitoreos y conocer los resultados”, explica. La ingeniera ambiental indicó que dividen a los alumnos interesados en grupos para participar en días diferentes en varios puntos. Sobre los resultados, sin embargo, dijo desconocerlos.

Otra estudiante, de la misma universidad, María Alejandra García, participó en un monitoreo ambiental del año 2013, cuando estaba en el primer año de su carrera de Ingeniería Ambiental. Según dijo, fue su profesor quien la convocó por sus buenas notas. En su caso, la jornada solo duró un día, desde las 7 de la mañana. Les dieron una charla y luego los llevaron a 5 puntos de monitoreo; después de un refrigerio la devolvieron a su casa. Nunca más supo de los resultados y tampoco la volvieron a invitar a lo largo de 5 años de su carrera.

Roxana Ortiz protesta: “esos monitoreos son un chiste, la gente que va no entiende ni siquiera que es un PM10. Yo tomé fotos del filtro de aire que salía negro; pero después, según ellos, todo está bien; no sabemos qué harán con eso”. Luz Guerra dice, a su vez, que la minera publica las fotos y las actividades de monitoreo en las revistas que distribuyen entre los vecinos, “pero todo a su favor”.

Vacíos sobre la participación

Si bien el monitoreo ambiental participativo es una obligación incluida en el Plan de Vigilancia Ambiental de las industrias extractivas, no hay norma que vigile su cumplimiento en frecuencia y en calidad de participación.

El Reglamento de Protección y Gestión ambiental señala en su artículo 18, señala que el titular minero está obligado a: b) El monitoreo y control permanente de sus operaciones para verificar el cumplimiento de las obligaciones y compromisos a su cargo, así como, la calidad ambiental en aquellas áreas y con la frecuencia definida en el instrumento de gestión ambiental correspondiente. Los registros de monitoreo deben conservarse por un periodo de cinco (5) años, los mismos que deberán ser remitidos al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y estar a disposición de las autoridades competentes en caso lo soliciten.».

Consultado el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, señala que no es competencia de la OEFA participar en el diseño y/o evaluación de estos monitoreos. Existe un Reglamento de Participación en los Monitoreos Ambientales a cargo de OEFA, pero el texto no señala nada sobre los monitoreos participativos que están a cargo de la propia empresa extractiva.

Entonces la pregunta es: ¿quiénes deberían participar en un monitoreo ambiental? La respuesta lógica parece ser que deben participar las personas o entidades directamente interesadas en la evaluación de la calidad del agua, del aire y del suelo del entorno; es decir, los habitantes de las zonas impactadas por la actividad extractiva.

El monitoreo, en general, contempla una etapa previa de inducción, un taller para planificar, la actividad misma y un taller para exponer y evaluar los resultados. En el caso de Cerro Verde, los participantes señalan que si bien hay una jornada de inducción para explicar las fases y características del monitoreo, no hay una jornada posterior para explicar u socializar los resultados de la evaluación que la realiza una empresa privada, contratada por la empresa minera.

No son pocos los reclamos que, en este aspecto, han surgido en la sociedad arequipeña. En 2019, la Federación de Trabajadores de Arequipa (FDTA) anunció que denunciará a la minera por contaminar siete distritos. El sustento son las denuncias presentadas por pobladores ante OEFA y las sanciones impuestas por esta entidad. Pero en ninguna parte hacen alusión a los resultados del monitoreo participativo.

Según el Estudio Sombra de la Transparencia de la Información Socioambiental en Perú, realizado por el Grupo Propuesta Ciudadana y DAR, “una de las mayores demandas de sociedad civil, pueblos indígenas y poblaciones locales es la difusión de información socioambiental de los proyectos extractivos; y la principal razón es la conflictividad social por falta de información sobre los impactos socioambientales de los proyectos; estudios de impacto ambiental, y procesos de fiscalización ambiental”.

Luz Guerra personifica esa explicación. La falta de información ha incidido en su determinación, junto con otros ciudadanos de su entorno, de participar en movilizaciones y protestas; reclaman respeto de parte de la minera, y claridad respecto al impacto en el suelo y el agua. “Nunca más la vida ha sido igual aquí en Cerro Verde, cada vez estamos peor”, se queja.

Compromisos no honrados

Pese a estos vacíos, lo concreto es que, en el Estudio de Impacto Ambiental para la ampliación de operaciones de Sociedad Minera Cerro Verde, se establecía una frecuencia, lugares y tipo de monitoreos, que debían ser participativos. El compromiso no ha sido cumplido por la empresa. Así, de las actas remitidas por OEFA, se tiene un número de monitoreos sistemáticamente menor al que se había planteado:

Además, los resultados de estos monitoreos han venido arrojando, de manera recurrente, medidas por encima de los valores permitidos ambientalmente para considerarlos inocuos; pero no se ha tomado ninguna medida al respeto. La OEFA no actúa ante estas evidencias. En estos 7 años, solo ha realizado 5 monitoreos y siempre ha encontrado incumplimientos. No obstante, el monitoreo participativo no ha sido objeto de ninguna medida de control.

Según el especialista ambiental Hernando Núñez del Prado, “estos procesos se han convertido en mero trámite, donde se trata de mostrar la participación de algunos pobladores de distritos considerados en el Área de Influencia Directa (AID). También se invita a estudiantes de carreras de Ingeniería Ambiental de las universidades de Arequipa, sin que ese público sea representativo de las comunidades impactadas”.

Más aún, señala, la participación de las comunidades es un simulacro porque no se toma en cuenta la opinión sobre observaciones al monitoreo. Tampoco se acogen las quejas sobre impactos acústicos (ruidos), polvos en las casas etc.

“Estos procesos de MAP, no han logrado crear confianza en las relaciones de los pobladores y la mina, y tampoco disminuir las tensiones crecientes. Solo se ha logrado ´aplazar´ el problema de la conflictividad”, concluye.

Luz Guerra, puede dar fe de ello y seguirá, como lo presagia su nombre, dando batalla por más claridad en el proceso.