Pobreza y corrupción en dos provincias mineras del Cusco

De lejos, Alto Huancané parece un pueblo fantasma. De cerca, el viento sopla y hace silbar el ichu, acentuando más la soledad. Alto Huancané es una comunidad campesina de las alturas de la provincia de Espinar, a cinco horas de viaje del Cusco, con unos quinientos habitantes dedicados a la agricultura de autoconsumo y la ganadería.

Las casas en Alto Huancané son de adobe. Las paredes, recubiertas de barro, lucen envejecidas y se deshacen como costras. Por dentro, el piso es de tierra y los comuneros duermen sobre los cueros disecados de ovejas, llamas o alpacas.

Doña Melchora Surco Rimachi nació y vive, hace 65 años, en el sector Paccpacco, un paraje cercano a la enorme mina de cobre Tintaya, que funcionó hasta el 2011. Su rostro y corazón están arrugados por las heladas que caen como latigazos en los Andes. También por las peleas que ha librado contra la carencia y “las injusticias”, cuando era presidenta de la Asociación para la Defensa de Paccpacco Afectada por la Minería (ADEPAMI).

En el último quinquenio su lucha se concentró en conseguir atención médica para los comuneros de Alto Huancané y Huisa (una comunidad vecina), contaminados con 17 metales tóxicos. La empresa Xstrata, ahora Antapaccay Glencore, cerró la mina en 2011, pero sus secuelas o efectos, según la lideresa indígena, persisten. En 2013, 180 comuneros se enteraron que en sus cuerpos cargaban metales pesados. El Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (Censopas) del Ministerio de Salud halló en sus orinas plomo, talio, manganeso, cadmio, arsénico, mercurio, entre otras sustancias, que dañan los órganos del cuerpo.

Lo que no quedó establecido es si la mina era la causante de la contaminación. Los estudios que realizó en esa ocasión la entidad estatal solo señalan la presencia de metales tóxicos, pero no precisan la fuente contaminante. En la mesa de diálogo, instalada en mayo de 2012, luego de un paro que dejó dos fallecidos, el Gobierno prometió realizar un estudio. Han pasado 8 años y ese compromiso no se cumple.

Los pobladores de Paccpacco habitan un territorio de pastos secos y montañas desnudas de vegetación durante la mayor parte del año. Muy cerca se divisan los restos del antiguo centro de donde extraían cobre y otros minerales hasta el 2011: la mina Tintaya.

En 1980, el proyecto surgió como una buena nueva y muchos auguraban desarrollo y mejores ingresos para los pobladores.

"No fue así. Solo algunos se beneficiaron y la mayoría hemos sido perjudicados", cuestiona doña Melchora, mientras busca en sus recuerdos cómo empezó todo.

La mina Tintaya era de la Empresa Minera Especial Tintaya S.A. de propiedad del Estado peruano. En 1994, el periodo de las privatizaciones del régimen fujimorista, la mina fue comprada por el consorcio estadounidense Magma Cooper Company, que luego fue absorbida por Broken Hill Proprietary (BHP), que a su vez se fusionó posteriormente con la empresa Billiton. Después la mina pasó a manos de Xtrata y ahora la posee Antapaccay-Glencore.

Volvamos a 1980. Aquel año el Gobierno promovió la expropiación de 2368 hectáreas de tierras a las comunidades. Al final, el proyecto abarcó 4000 hectáreas. En 1984, empezó la explotación de Tintaya y se convirtió en la tercera productora de cobre del país. Cuando esta mina cerró empezó a operar su hermana: Antapaccay, operada por la minera suiza Glencore.

Según documentó la organización Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), en 2012, la producción de cobre en la mina Antapaccay fue de 51 mil 876 toneladas métricas y en 2018 subió a 201 mil 414 toneladas. Las ventas anuales en 2016 significaron para Glencore Antapaccay S/ 3 mil 690 millones 612 mil.

Cuatro décadas después, el descontento está latente. Los gobernantes de Espinar no usaron adecuadamente el dinero del canon y regalías mineras. El 15 de julio pasado estalló una vez más un conflicto. Los ciudadanos, agobiados económicamente por la crisis sanitaria, reclamaron con protestas y lograron la entrega de un subsidio de S/ 1000 en tarjetas de uso múltiple para cada elector con dinero del Convenio Marco, institución que maneja este fondo constituido por el aporte del 3% de utilidades anuales de Antapaccay.

Vivir con dos horas de agua potable al día

Son las diez de la mañana de un jueves de julio en Espinar. El profesor y ex dirigente sindical Herbert Huamán Llave abre las llaves del caño. Sale aire, no agua. En Yauri, capital de Espinar, las familias solo tienen dos o tres horas de agua potable al día. En las comunidades campesinas como Alto Huancané todavía se consume agua entubada de ríos o manantiales.

"Llevamos más de 30 años esperando tener agua potable todo el día. Las autoridades no han sabido usar el dinero que han recibido para mejorar la vida de la gente y la minera tampoco tuvo intención de ayudarnos", se queja don Herbert.

Él fue dirigente sindical en el 2012. En mayo de aquel año impulsó -junto a otros líderes sociales- una protesta contra la minera a la que acusaban de contaminar los campos y las fuentes de agua. El paro dejó dos muertos y denuncias penales en su contra. Nueve años después, la Fiscalía pide más de 20 años para él y otros exdirigentes y exautoridades por los delitos de atentado contra la seguridad pública, disturbios y otros.

Aquella vez, para apaciguar la sed de la población, el Gobierno asumió el compromiso de elaborar un proyecto de inversión para llevar agua potable a todos los hogares. El compromiso solo quedó escrito en un acta. La Municipalidad Provincial de Espinar tampoco usó dinero del canon recibido para un proyecto que asegure agua para las 20 mil familias de Yauri, capital de Espinar. Allí, además, los desechos de desagüe van a contaminar las aguas del río Cañipía.

El año pasado recién se aprobó el proyecto del sistema integral de agua potable y desagüe. La obra se hará en conjunto con Antapaccay con una inversión superior a S/ 170 millones. La empresa lo financiará mediante la modalidad de obras por impuestos. “Se está reformulando el proyecto y eso debe concluir en tres o cuatro meses si la pandemia no lo demora más. Luego, se hará la licitación y esperamos contar pronto con el servicio continuo”, asegura Werner Salcedo Álvarez, gerente municipal de la comuna provincial de Espinar.

La corrupción municipal

Los ocho distritos y la provincia de Espinar recibieron casi 1000 millones de soles por canon y regalías mineras solo entre 2005 y 2019. Parte de ese dinero, según denuncias que investiga el Ministerio Público, se perdió en obras sin importancia como un coliseo cerrado gigante en Yauri o “proyectos de desarrollo” que no impulsaron ninguna mejora o favorecieron a empresarios y funcionarios acusados ahora de corruptos.

“El coliseo costó casi S/ 30 millones y nadie sabe su utilidad hasta ahora”, observa el economista del Centro Bartolomé de Las Casas, Pablo Villa Incanttito.

Chumbivilcas, después de Espinar, es la segunda provincia en volumen producción minera del Cusco. En diciembre de 2014 empezó a operar la mina Constancia de Hudbay Perú en tierra de los q’orilazos –así se les llama a los habitantes de esta provincia cusqueña-. Derechos Humanos Sin Fronteras documentó que en 2015 la producción de cobre alcanzó 106 063 toneladas métricas (TMF) y en el 2018 subió a 122 178 TMF. Según el reporte, esas cantidades son superiores a las 70 533 toneladas anuales que estaban previstas en el 2010.

Las transferencias a la provincia y los distritos aumentaron desde el inicio de operaciones de Constancia. Entre 2005 y 2019, las comunas recibieron más de S/ 200 millones por canon y regalías mineras. Desde el 2015 hubo regalías -pagadas por Hudbay- entre S/ 5 y 17 millones, mientras que el canon recién empezó a entregarse en 2018 superando una transferencia de S/ 22 millones. Los distritos de Velille, Chamaca y Livitaca, y la provincia de Chumbivilcas, reciben la mayor tajada.

Lo preocupante es que hay fuertes indicios de que parte del dinero se perdió en corrupción. La Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Cusco, a cargo del abogado José María Gavancho Ninantay, defiende al Estado en 42 de procesos penales por corrupción en Espinar y en 35 en Chumbivilcas. En varios casos están involucrados ex autoridades, funcionarios y proveedores por delitos de peculado, colusión, malversación de fondos y negociación incompatible. “Hubo una mezcla de actos de corrupción y gobiernos que no supieron priorizar el uso del dinero para mejorar la calidad de vida”, apunta Pablo Villa.

Mientras que Salcedo Álvarez señala que en Espinar hubo bastantes irregularidades en las gestiones pasadas. “Basta poner el dedo para que salte el pus. Hay ocho casos emblemáticos de corrupción que involucran a ex autoridades municipales”, explicó.

Los investigados

En la lista de exalcaldes del Espinar investigados está Manuel Salinas Zapata (2015-2018) con ocho denuncias. Una es por haber encargado a Condhydra SAESP Sucursal Perú la elaboración del expediente del proyecto de agua potable y saneamiento de la ciudad de Yauri. Condhydra debía cobrar por ese trabajo S/ 6 millones en tres partidas. Cobró S/ 4 millones 100 mil soles, pero el trabajo presentaba deficiencias.

Óscar Mollohuanca Cruz (2011-2014) también tiene ocho denuncias por corrupción de funcionarios en las modalidades de peculado doloso y malversación de fondos, según un reporte de la procuraduría Anticorrupción.

De igual forma, los tres últimos alcaldes de Chumbivilcas son investigados. El exalcalde David Vera Castillo tiene cinco denuncias en curso por colusión, peculado doloso agravado, cohecho pasivo impropio, malversación y retardo injustificado de pago. Su antecesor, Florentino Laime Mantilla, cuenta con seis investigaciones por peculado doloso y malversación de fondos. Y el anterior a este, Domingo Benito Calderón, afronta un proceso por peculado y malversación de fondos.

“Los procedimientos de selección que se efectúan para la inversión de proyectos con dinero del Estado generalmente implican otorgar la buena pro a empresas que tienen vinculación sea con los funcionarios o servidores públicos o con la propia autoridad que dirige la gestión. He allí otro de los factores que influye en la corrupción y en perpetuar la pobreza”, analiza Henry Delgado Urrutia, ex procurador anticorrupción del Cusco.

Según el informe “La corrupción en los gobiernos regionales y locales” de la Procuraduría Nacional del 2019, a nivel nacional había 4225 casos y 2059 autoridades investigadas. Cusco tenía en toda la región 439 investigados, de los cuales 203 eran o habían sido autoridades: cinco ex gobernadores regionales, 38 alcaldes provinciales y 160 distritales. Así, la región imperial ocupaba el primer lugar en este deshonroso ranking.

El polvo del descontento

Germán Salcedo Quispe, expresidente del Frente Único de Defensa de los Intereses de Velille, ve cómo una serpiente de camiones encapsulados traslada miles de toneladas de cobre, oro, plata y otros minerales hacia el puerto de Matarani, en Arequipa, para embarcar el cargamento con destino a Europa o Asia. Cada día cuenta 370 camiones de las empresas MMG Las Bambas y Hudbay Perú. Cada camión transporta 34 toneladas de minerales. Detrás de ellos, una nube de polvo, que es la nube del descontento, enceguece al líder campesino de Chumbivilcas, por donde pasa el Corredor Minero del Sur, una vía que facilita la salida de los camiones de las minas Las Bambas en Cotabambas (Apurímac) y Constancia en Cusco.

"Vemos cómo se llevan nuestras riquezas y aquí seguimos siendo pobres. Y nuestros campos están dejando de producir", se queja Salcedo Quispe. “Nuestra riqueza se la llevan otros”, repite imprimiendo más contundencia a sus palabras.

Según el estudio de impacto ambiental de Las Bambas, modificado en 2014, la flota es de 125 camiones cargados por día y 125 camiones de retorno sin carga; además de 60 vehículos que abastecen de insumos al campamento minero en el distrito de Challhuahuacho (Apurímac). “Son más vehículos los que pasan. Cada vez son más y nosotros sufrimos sus efectos de contaminación”, señala enfático Germán Salcedo.

El polvo causa descontento. Un estudio del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) concluyó en 2019 que el paso de camiones provoca contaminación al generar polvareda y afectar el aire que respiran las personas de los pueblos asentados en ambos lados del corredor vial.

OEFA instaló 26 puntos de monitoreo en el corredor minero en territorio chumbivilcano para analizar si hay contaminación sonora. En 22 exceden los estándares de calidad (ECA) para ruido. El aire está contaminado en dos puntos por el paso de camiones que generan material particulado (polvo) y de 12 estaciones de monitoreo, dos registran excesos en el ECA Aire.

También evaluaron los niveles de polvo sedimentado. No obstante, en Perú no existe normativa para medir esos índices, por lo que se tomó de referencia la de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de Australia: en 13 sitios excede los niveles permitidos.

Pobreza en entornos mineros

En las zonas donde operan las mineras y los municipios reciben transferencias por canon y regalías, la población sigue siendo pobre. Se considera pobre a aquella persona que no puede comprar una canasta alimentaria que supere S/ 352 al mes, es decir, S/ 11.73 diarios. Por familia (cuatro miembros en promedio) el monto sería de S/ 1408 mensuales.

Según el Mapa de pobreza monetaria provincial y distrital 2018 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en la provincia de Chumbivilcas los índices de pobres oscilan entre 41.8 y 54.5% (casi el doble del promedio regional que es de 26.5%), mientras que el 55% de niños menores de 3 años está enfermo de anemia. En los distritos de Chamaca, Velille y Livitaca, zonas de influencia directa de la mina Constancia, el número de pobres, es decir, ciudadanos viven con menos de S/ 12 diarios, varía entre 26.1 y 69.9%.

“Si las zonas más pobres del Perú carecen de los servicios básicos por el olvido de sus autoridades, la corrupción tiene un impacto más devastador en su desarrollo. El aprovechamiento indebido de los recursos públicos, el cohecho y la negociación incompatible hacen predictible perpetuar la pobreza”, precisa Henry Delgado.

De igual forma, Espinar tiene rostro de pobreza. Cinco (44.8%) de cada diez niños menores de tres años padece de anemia. Es la sexta provincia en la región imperial con más pequeños enfermos por una mala alimentación y deficiencia de hierro en la sangre, según un reporte de la Dirección Regional de Salud del 2019. Además, el mapa de pobreza del INEI, registra que la población pobre varía entre 23.9 y 38%.

“La minería, aunque es visto como generadora de ingresos porque aporta al PBI, también es un sector que crea conflictos sociales y afecta la forma de vida, usos y costumbres de las comunidades. Si antes vivían del agro y la ganadería, ahora ya no ocurre eso. Por otro lado, no hay una adecuada priorización de proyectos municipales o del Estado que beneficien a los ciudadanos de Espinar. Y un tercer factor es la corrupción que impide el desarrollo”, explica el economista Pablo Villa.

Zona de conflictos

Antapaccay y Hudbay Perú no tienen una buena relación con las poblaciones de Espinar y Chumbivilcas. Hay tiempos de calma y otros turbulentos como se vivió en territorio espinarense entre el 15 de julio y 7 de agosto pasado. La ciudadanía empezó un paro por la negativa de la minera de entregar un bono de S/ 1000 a cada elector. Al final, después de 23 días de protestas, que dejó heridos de bala, Antapaccay aceptó entregar el subsidio en tarjetas de uso múltiple. Es decir, si era posible dar el fondo, pero la minera no quería hacerlo. El Comité de Gestión del Convenio Marco, integrado por Antapaccay, alcaldes y dirigentes sociales y de comunidades, debe aprobar del uso de los fondos por unanimidad.

Esto no debe sorprender. De los 20 conflictos sociales registrados en región Cusco por la Defensoría del Pueblo en junio, 11 son socio ambientales y están relacionados con la actividad minera. Siete están en Espinar y Chumbivilcas, que son parte del famoso y siempre conflictivo Corredor Minero del Sur. La representante de la Defensoría del Pueblo en Cusco, Rosa Santa Cruz, sostuvo que estos conflictos activos y latentes merecen urgente atención.

Los ciudadanos Melchora Surco, Germán Salcedo y Herbert Huamán viven en territorios que se han convertido en un enorme emporio de producción minera. Cada día ven cómo la riqueza mineral sale y la pobreza se queda. Ellos viven en pueblos que reciben millones de soles por canon y regalías mineras, pero donde todavía hay pobreza. Son testigos de que las municipalidades no hacen un buen uso de los fondos del canon. Así, en algunas comunidades las casas todavía son construcciones de adobe con techo de calamina o ichu. Adentro, el piso es de tierra. Sus alimentos son preparados en un fogón alimentado con leña. Consumen agua de manantiales o acequias. Y la mayoría de niños tienen anemia y destruición.