Loreto: Migajas para los hijos del “oro negro”

Trepados sobre un árbol de toronja, un grupo de niños indígenas observa en silencio. Tamaño suspenso genera la impresión de que van a cazar un animal salvaje. No es así. Al fondo, un grupo de foráneos tira a la basura y quema alimentos que los trabajadores de la empresa Pluspetrol no han consumido.

Al día siguiente, más temprano, unos ocho niños decidieron treparse a una canoa y cruzaron el río Corrientes, que separa al pueblo con el campamento de Pluspetrol, empresa responsable de la explotación del Lote 8.

El grupo de niños iba decidido a pedir a los cocineros de la empresa que no queme la sobra de la comida: podían llevárselo a sus casas. Los foráneos atendieron el pedido. Con los días, el acto se hizo rutina, pero la felicidad no duró mucho: pronto los jefes de la empresa se enteraron y ordenaron que nadie regale nada, bajo pena de despido. El mandato iba también para los niños: si los encontraban dentro del campamento, serían detenidos.

Entre aquellos niños descalzos y de polos desteñidos, estaba Daniel Saboya Mayanchi. Flaco. Cabello y ojos más negros que el petróleo. Piel marrón con manchas blanquecinas. Signo inequívoco de la desnutrición y la anemia que afectan con mayor énfasis a los hijos de los pueblos originarios.

Los hechos ocurrieron hace tres décadas. Daniel Saboya Mayanchi ahora tiene 34 años y recuerda con suma nitidez aquella infancia en el pueblo del distrito Villa Trompeteros.

“Por esas acciones, los jóvenes hemos crecido con un rencor bien fuerte contra el Gobierno y las empresas petroleras. Ellos preferían botar y quemar todo, comida, colchones, maderas, tuberías, antes que regalarnos para utilizar en nuestras casas, donde no teníamos nada. Yo era uno de los niños que me iba en grupo a pedir las sobras de la empresa”, rememora. Daniel hoy es un líder indígena de las comunidades del río Corrientes.

—¿Y ustedes y sus familias qué comían?
—Nada. Hemos crecido a punta de plátano y yuca. La miseria y el hambre más grande que pasamos era cuando llegaba la crecida del río y arrastraba los cultivos. Una vida muy difícil. Mi padre es pastor evangélico, creo que por eso no perdimos la fe y seguimos adelante.

Cuando Daniel terminó el colegio se fue a Iquitos, la capital de Loreto. Ingresó a un seminario, pero no llegó a ser párroco. El padre que les enseñaba había enfermado y lo devolvieron a su país. “Luego yo no tenía plata para seguir otros estudios en la ciudad y retorné a Trompeteros”, cuenta.

El pueblo de Trompetero queda a 35 minutos de viaje en avioneta desde Iquitos. Por río, el viaje es una eternidad.

A su retorno, Daniel entró a trabajar a Pluspetrol, a través de una subcontratista. Su tarea consistía en retirar la maleza a dos metros de cada lado del oleoducto. Sueldo: 750 soles mensuales. “Nos hacían contrato por tres meses. Luego nos sacaban y contrataban a otros hermanos. Luego, igual, los sacaban a ellos y otra vez a nosotros. Así nos tenían para que no tengamos derechos laborales. Todos esos golpes recibimos”, lamenta.

La conquista de recursos

Un día Daniel Saboya Mayanchi amaneció con la noticia de la toma de un aeródromo de la empresa Pluspetrol, en la comunidad de Andoas, a cargo de pobladores achuar y kichwa. Era marzo del 2008. Frente a la pantalla de un televisor, observó a los policías que trasladaban a algunos manifestantes hacia el penal de varones de Iquitos.

Fue entonces que Daniel conoció por nombre a José Fachín Ruiz, un dirigente indígena que lideraba la manifestación, junto con Marco Polo Arahuanaza, Ríder Mucushua y Venancio Sandi. La protesta era contra Pluspetrol, que por esos años extraía hidrocarburo del Lote 192 (antes Lote 1AB).

Daniel recuerda y asegura que había razón para protestar. La extracción del “oro negro” desde el subsuelo del territorio indígena generaba millones de dólares, pero los hijos de estos pueblos no solo seguían en situación de pobreza, sino también se enfrentaban ahora al derrame de petróleo en sus principales ríos, que son su fuente de vida.

Sin energía eléctrica, sin agua saludable, sin colegios, sin hospitales, sin esperanzas de que las nuevas generaciones puedan alcanzar una carrera profesional, los pobladores decidieron hacerse escuchar, tomando el aeródromo de Andoas.

Hubo denuncias contra los manifestantes, pero el Poder Judicial los absolvió, invocando tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT.

Luego de esta y otras manifestaciones, el gobierno central terminó emitiendo el D.U. 026-2010. El artículo 01 de esta norma establece que los gobiernos regionales y locales en cuyos territorios se explotan recursos naturales que generan canon y sobrecanon petrolero deben destinar “parte de esos fondos a la ejecución de proyectos de inversión pública y gasto social bajo la modalidad de Núcleos Ejecutores”. El alcance de este decreto era específicamente para las comunidades nativas ubicadas en las zonas de explotación.

La norma precisaba que los gobiernos regionales tenían que destinar el 10% de los fondos que recibían por canon y sobrecanon petrolero a las comunidades, para obras de infraestructura en salud, educación, energía eléctrica, agua y saneamiento, sistemas de riego y trochas carrozables.

La lógica principal de la intervención era transferir los recursos a las comunidades, a través de los núcleos ejecutores.

Otro componente del decreto era la atención de las madres embarazadas y periodo de lactancia, además de capacitaciones en nutrición y otras prácticas saludables para el cuidado de los niños. Era un proyecto muy ambicioso. El desarrollo parecía asomar en las comunidades indígenas. No fue así.

Llegó la frustración

En el 2011 inició la implementación del decreto supremo, con la asignación de los recursos a las comunidades nativas. Los montos presupuestados fueron los siguientes:

Sin embargo, estos fondos no llegaron a manos de los comuneros. Por entonces, el gobernador regional de Loreto era Yván Vásquez Valera, quien ante unos funcionarios expresó esta frase: “Los indios no saben administrar dinero, nosotros haremos las obras por ellos”.

Fue así que los más de 55 millones de soles fueron ejecutados directamente por los funcionarios del Gobierno Regional de Loreto, generando serios cuestionamientos e indicios de malversación.

Lejos de beneficiar a las comunidades asentadas en zona petrolera, la gestión destinó los fondos a proyectos como “mantenimiento y operatividad de las Unidades Orgánicas y subgerencias regionales”, “acciones normativas y administrativas de la alta dirección y asesoramiento”, “actividades de difusión”.

Hallazgos e investigación fiscal

La Contraloría General de la República realizó una auditoría y emitió el Informe Especial 737-2014. El daño estimado por el ente contralor equivale a 39 millones 809 mil 362 soles, solo entre 2011 y 2013. El dinero no fue invertido en las comunidades originarias, tal como ordenaba el D.U. 026-2010.

Este organismo visitó algunas de las comunidades. Los días 21, 22 y 23 de mayo del 2014 llegaron a siete comunidades de la zona petrolera: San Román, Belén de Plantayacu, Valencia, Pampa Hermosa, San José de Nueva Esperanza, Peruanito y San José de Nuevo Porvenir. Todos en el distrito de Trompeteros (Lote 8). La conclusión fue que no se había invertido ni un sol de aquellos fondos del canon petrolero.

Concluido este trabajo, los hallazgos fueron enviados al Ministerio Público, para establecer la comisión de posibles delitos.

“La fiscalía anticorrupción hace años tiene la investigación y no se ve ningún avance pese a que hay un informe grave de la Contraloría. Pero cuando se trata de nosotros, ahí el Ministerio Público es el primero en denunciarnos. Exigimos a la fiscalía que ya denuncie a los verdaderos responsables, porque todos esos millones eran para que los Núcleos Ejecutores de las comunidades lo manejen, no los funcionarios que los gastaron en otras cosas, según la investigación de Contraloría” protesta José Fachín Ruiz, el dirigente que participó en la toma del aeródromo de Andoas.

En dos oportunidades, la fiscalía anticorrupción ha tratado de exculpar a la mayor parte de funcionarios responsables de esa presunta malversación, solicitando cárcel por seis años únicamente para dos funcionarios. Tanto la exfiscal Shella Sandoval Vargas, como el actual fiscal titular anticorrupción Michel Espinoza Aquino presentaron el mismo requerimiento mixto de sobreseimiento (archivo) para diez funcionarios y acusación solo para dos servidores, ante el Cuarto Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Loreto, a cargo de la jueza Melina Vargas Ascue.

La jueza discrepó con el requerimiento mixto hecho por el Ministerio Público, por lo que a través de la notificación N° 110976-2019 del 17 de julio 2019, pidió que se reformule la acusación. Un año ha transcurrido sin que hasta la fecha el fiscal presente su nuevo requerimiento ante el Poder Judicial.

Una segunda oportunidad perdida

Antes de enrolarse en el Ejército para servir en la frontera Perú – Ecuador, José Dence Fachín Ruiz, aun adolescente, caminó cabizbajo entre la maleza que lo conducía hasta el llamado “cementerio de niños” de la comunidad nativa Vista Alegre.

Corría el año 1996. José Fachín se quedó parado ante la tumba de sus seis hermanitos y otros 35 niños más de la comunidad. Todos había fallecido en 1986, vomitando sangre a causa de metales pesados que se les había adherido a su frágil organismo, luego de consumir peces contaminados por Occidental Petroleum Company, empresa norteamericana que explotó el crudo negro en el Lote 1AB (hoy 192) y luego se fue del Perú sin remediar la zona trabajada.

Dos años después, al salir de la base militar en 1998, José Fachín y tres compañeros indígenas sabían que el destino los volvería a juntar para impulsar su compromiso con los pueblos originarios asentados en las faldas de los lotes petroleros. El tema había sido materia de reflexiones durante los años del servicio.

“En marzo del 2008 varios pueblos afectados por la petrolera Pluspetrol decidimos actuar frontalmente y se tomó el aeródromo de Andoas. Ahí nos cayó toda la represión del Gobierno. Detuvieron a los principales dirigentes, nos trasladaron a la cárcel de varones de Iquitos, hasta de terroristas nos tildaron. Nos enjuiciaron y finalmente nos absolvieron”, recuerda Fachín. Un año después, el 5 de junio del 2009, ocurrió el llamado ‘Baguazo’.

Todo este contexto dio vida a aquel decreto de urgencia para que el 10% del canon petrolero sea asignado a las comunidades nativas asentadas en la zona de donde se extraía el hidrocarburo, a través de los núcleos ejecutores.

Luego de la mala ejecución de estos recursos en la gestión de Yván Vásquez, el año 2015 asumió el cargo de gobernador regional Fernando Meléndez Celis. Su gestión decidió poner en marcha los núcleos ejecutores. Una nueva oportunidad se presentaba para el desarrollo de las comunidades. Pero no fue así.

En la gestión de Fernando Meléndez Celis (2015-2018) la ejecución de los fondos también se dio con irregularidades: no hubo un adecuado acompañamiento a los núcleos ejecutores, hay indicios de direccionamientos y las obras están inconclusas o sencillamente no fueron ejecutadas.

En el 2019 inicia una nueva gestión y el Consejo Regional ha decidido investigar el presupuesto ejecutado por los núcleos ejecutores entre el 2015 y 2019.

En general, entre el 2011 y el 2019, el presupuesto para las comunidades por el D.U. 026-2010 ya suma 75 millones 484 mil 329 soles. Sin embargo, en el terreno de los hechos, los resultados no son palpables, según se lamenta el dirigente José Fachín.

El actual gerente de asuntos indígenas del gobierno regional de Loreto, Omar Arévalo Vacalla, declaró al Diario La Región que “hay dirigentes indígenas que han sacado miles de soles por Núcleos Ejecutores y no han colocado ni un clavo”.

Marco Polo Ramírez Arahuanaza (42) es compañero de protestas de José Fachín. Hoy lamenta que los procesos de lucha social no lograron aterrizar a la atención de las demandas de los pueblos indígenas.

—A través de las luchas de ustedes, nació el decreto que otorga el 10% del canon petrolero para que se trabaje a través de núcleos ejecutores. ¿Cuál es tu balance?

—Primero malversaron los fondos que nos correspondía (en la gestión 2011-2014). Luego Fernando Meléndez Celis, gobernador de Loreto, otorgaba el 10% para los núcleos ejecutores, pero de manera direccionada, algunas (obras) están inconclusas pese a que desembolsaron entre el 90% y hasta el 100% del presupuesto. Eso ha hecho mucho daño a las comunidades.

Núcleos bajo investigación

El Gobierno Regional de Loreto cuenta ahora con un nutrido informe sobre el estado situacional de los núcleos ejecutores (2015-2019). En la actual gestión, el Consejo Regional ha conformado una comisión investigadora de los núcleos ejecutores. El objetivo era visitar las comunidades para verificar la ejecución física, pero todo quedó bloqueado por la pandemia.

En febrero pasado, saltó la noticia de que los núcleos ejecutores del año 2019 habrían estado direccionados por Riter Ochoa Sosa, hermano del actual gobernador de Loreto, Elisbán Ochoa Sosa. Y es que el presidente del núcleo ejecutor “Cocha Purahua”, Ananías Pasmiño Cariajano, arribó a Iquitos desde San Lorenzo (Datem del Marañón), para denunciarlo ante la Fiscalía. Según informó, la Gerencia de Asuntos Indígenas lo presentó para “ayudarlos”.

El caso es investigado por la fiscal anticorrupción María Gonzales Peralta, quien intervino la vivienda del hermano, incautando documentos.

Con esta denuncia, la comisión investigadora, que preside el consejero Francisco López Robles, incluirá en su trabajo a la actual gestión. En general, los primeros indicios apuntan a hechos graves como direccionamientos, la duplicidad de proyectos o funcionarios fantasma.

Según relata el consejero López, hubo desembolsos de entre el 90% y 100% del presupuesto de las obras o proyectos, sin garantías adecuadas de rendición de cuentas. “Se daba uno, dos, tres, cuatro desembolsos y todos estaban con observaciones, todos. Las comunidades del Corrientes han sido manipuladas para que otras personas logren sus intereses personales, eso lo determinará las investigaciones penales”, adelanta la autoridad.

El consejero apunta que la investigación incluye al actual congresista por Loreto Fernando Meléndez Celis, pues era el jefe de pliego. “Ellos tendrán que responder sobre qué ha pasado en su gestión”, declaró Francisco López.

Desde que fue emitido el decreto de urgencia 026-2010, muchos se han enriquecido con el dinero que debió beneficiar a las comunidades indígenas de la zona de influencia petrolera en Loreto. Ha pasado una década y solo hubo migajas para los hijos del oro negro.