Santiago de Pachas: Un pueblo que agoniza de sed

A 833 kilómetros al sur de Lima, la capital peruana, entre quebradas silenciosas y la poca vegetación de Santiago de Pachas, Julián Coaguila Ramos, un hombre de 66 años, no quiere saber nada de lo que pasa en el Congreso. Tampoco le interesa los conflictos surgidos desde Palacios. Este hombre de contextura delgada y cejas pobladas por ahora tiene dos preocupaciones: el nuevo coronavirus y la carencia de agua saludable.

Hace 20 días, una brigada de Salud visitó su comunidad y, tras aplicar las pruebas rápidas, confirmaron que no hay ningún poblador contagiado. Eso por ahora.

En cambio, la carencia de agua saludable es un mal que su pueblo viene arrastrando, debido a la contaminación del río Coralaque. Durante seis décadas, el agua que baja por la quebrada había servido a las comunidades como si fueran venas que irrigan al cuerpo.

Santiago de Pachas está ubicado a 2,321 metros sobre el nivel del mar. La zona urbana está enclavada entre una planicie y los cerros. Es un centro poblado del distrito Chojata, provincia Sánchez Cerro, en la región Moquegua. Las casas de adobe y techo de calamina son muestra del nivel de pobreza que atraviesan sus habitantes.

En sus angostas calles, el sol del mediodía pega fuerte sobre el rostro. La gente del lugar suele llevar gorras sobre la cabeza. Algunos usan sombreros de paja o de algodón, tipo macora ala ancha, además de atuendos de manga larga.

Cerca del pueblo, el río Coralaque luce destruido, a tal punto que ya nadie puede darse un chapuzón en sus aguas. Hay riesgo de contraer problemas dermatológicos o estomacales.

Las aguas de este río ya no son cristalinas. El color es más bien entre amarillo y naranja intenso. La tonalidad cambió drásticamente una tarde de octubre del 2016. Aquel mes, unos agricultores decidieron llevar al rebaño de vacunos y ovinos a la vertiente para hacerlos beber agua. Los animales que tomaron de ese cauce presentaron fatiga, diarrea y en poco tiempo adelgazaron. Los ganaderos tuvieron que introducir por la boca agua con jabón, como una forma de lavado.

La preocupación se apoderó rápidamente de todo el pueblo. Discutieron el tema en las asambleas. Unos atribuyeron el hecho a un deslizamiento de una colina y otros a la voladura de rocas en alguna obra vial.

Fue entonces que decidieron enviar una comisión de autoridades y dirigentes locales para verificar las causas del problema. Así, recorrieron el trayecto del río Coralaque. En el camino se cruzaron con alpacas alimentándose de extensos bofedales, gracias al agua pura que fluye del subsuelo o baja de la cumbre. Luego encontraron un contraste notorio con el agua que venía de otras zonas cercanas a las operaciones de la mina Florencia-Tucari. La mina le pertenece a la empresa Aruntani SAC, que extrajo oro por unas dos décadas.

Al llegar a la altura de Titire, una comunidad que es disputada por Moquegua y Puno, la delegación encontró algo más: hallaron el punto de contaminación que está focalizado entre la intersección de dos vertientes, formando una “Y”, metros abajo del puente Titire.

El río que baja por el lado derecho próximo a la comunidad tiene caudal transparente. Una pastora de camélidos sudamericanos les dice que ahí el líquido elemento se puede consumir sin ningún problema. Pero ocurre lo contrario con el agua que nace en zonas aledañas de la mina y desciende por las quebradas Margaritani y Apostoloni. En esa confluencia todo se convierte en un río de metales pesados. Ese líquido desciende hacía el río Coralaque y, al recibir la descarga de otros tributarios, continúa su senda hacía el valle de Tambo, en la región Arequipa. En esa provincia, los agricultores también reclaman por los efectos de la contaminación.

Faltas reiteradas

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), que depende del Ministerio del Ambiente, ha realizado varias supervisiones a la unidad minera Florencia-Tucari. Algunas de las acciones de fiscalización se hicieron en el periodo de operaciones y tres de ellas concluyeron en sanciones económicas a la empresa Aruntani SAC.

Una primera multa se le aplicó en el 2011, de 50 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) que en moneda peruana equivale a S/210 000. Al año siguiente se le dos multas: una de 12 UIT (S/50 400) y la otra de 40 UIT (S/ 172 000). El OEFA precisó que estas sanciones se aplicaron por infringir normas mineras y por el inapropiado tratamiento de botadero de residuos mineros y filtraciones en el tajo de la mina. Según informó el funcionario del OEFA, Martín Garzón Herrera, estas quedaron firmes.

Hubo una última fiscalización en campo el año 2017. Técnicos de la entidad fiscalizadora identificaron 17 puntos de filtraciones del depósito de desmonte y del tajo de la mina. Las aguas ácidas que salían de la mina tenían contacto con el caudal de los afluentes Margaritani y Apostoloni. A raíz de esto, el OEFA ordenó a la compañía de capitales nacionales remediar el suelo y el lecho de las quebradas.

También le advirtió que debía de captar ocho acumulaciones de aguas ácidas y otras adicionales en el interior del tajo, para conducirlas hacía el sistema de tratamiento. Estas medidas se dictaron para garantizar que los cuerpos hídricos de las cuencas afectadas recuperen su calidad. La empresa, sin embargo, no cumplió. Esto provocó el inició de otra acción administrativa que terminó el año pasado con una multa de 40,59 UIT (S/174 537).

Tantas medidas impuestas y todo fue en vano. Nada colma las expectativas de los ciudadanos de Santiago de Pachas. Julián Coaguila dice que ya está comprobado el origen minero del daño. “El Estado actúa con mano blanda cuando se trata de empresas mineras”, concluye.

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) también hizo siete monitoreos sobre la calidad del agua superficial en la Unidad Hidrográfica Coralaque, entre los años 2017 y 2020. Estas se hicieron en temporada de avenida y estiaje. En uno de los estudios se determinó que en los afluentes Margaritani y Apostoloni, e incluso en Queullijahuire y Aruntaya, se trasgredía los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) establecidas para categoría 3, es decir riego de vegetales y bebida de animales.

Para los parámetros de PH, fue detectado el ácido elevado y exceso de conductividad eléctrica en las nacientes. También encontraron presencia de metales pesados por encima de los límites como aluminio, arsénico, boro, cadmio, cobalto, cobre, hierro, manganeso, níquel y zinc.

En las conclusiones, uno de los informes señala que es probable que los aportes de los geiseres (erupción de aguas subterráneas) también esté contribuyendo alterar la calidad del agua del río Coralaque. Sin embargo, las aguas calientes que brotan del suelo se ubican por debajo del puente Bello, a medio kilómetro de la unión del río de metales pesados y Titire.

La responsable en calidad de recursos hídricos del área técnica de la Autoridad Autónoma del Agua (AAA) Caplina-Ocoña, ingeniera Jacqueline Figueroa Zavala, refiere que se tiene un plan de trabajo que permitirá realizar estudios más específicos a fin de determinar la causalidad de la coloración de los ríos Coralaque que más abajo toma el nombre de río Tambo.

En tanto, la mina de Florencia-Tucari está en proceso de cierre desde hace buen tiempo. En el 2012, la Dirección de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas (Minem) aprobó su primer plan. Después, le permitió hacer hasta cuatro modificaciones al documento. Aruntani SAC ha pedido una quinta ampliación del cronograma que alargaba el cierre hasta diciembre del 2023.

En junio del 2019, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) le denegó su solicitud y más bien dispuso ejecutar la garantía por US$ 8 millones. No obstante, la carta fianza no se pudo ejecutar en su momento porque la empresa presentó un recurso de reconsideración para evitar el desembolso. Meses después, el Consejo Nacional de Minería declaró improcedente el petitorio empresarial.

Para la coordinadora de la Oficina Descentralizada del Ministerio del Ambiente, María Barrios, esta decisión deja camino libre al Estado para que pueda usar el dinero para cerrar la mina, aunque advierte que no será suficiente para cumplir ese propósito y deberá asumir el costo mayor.

El exministro de Energía y Minas Francisco Ísmodes considera que este caso es un pésimo ejemplo que le pasa factura al sector minería. El Gobierno deberá actualizar el plan de cierre e iniciar a ejecutar la fianza. Cuando aún Ísmodes se desempeñaba como titular de esa cartera, conformó una comisión multisectorial encargada de buscar soluciones y atender a las familias afectadas. Han transcurrido meses y aún no hay resultados.

Para este informe pedimos la versión de la empresa minera Aruntani SAC, sin tener respuesta.

Impacto en el campo

En Santiago de Pachas, la agricultura se ha reducido a su mínima expresión. Antes del 2016, los campos de sembrío de productos de autoconsumo como maíz, papa y trigo se extendían por encima de las 350 hectáreas. Las áreas de cultivo han caído a menos de 20 hectáreas.

Julián Coaguila Ramos recuerda que en los mejores tiempos cosechaba varios sacos de maíz de sus fundos llamados Pampa Soledad y Pampa Blanca. “Cuando regamos con agua contaminada, el suelo se ha vuelto improductivo. El maíz ya no crece como debería ser y se seca por falta de agua”, sostiene Coaguila, ahora alcalde del centro poblado. Los andenes de alfalfa también se están secando.

Para el consumo humano, la población solo tiene agua entubada. El recurso es abastecido a través de una tubería que viene desde un ojo de agua, ubicado a unos cinco kilómetros. El recurso es escaso y no se puede destinar para la agricultura. Algunos campesinos han optado por trasladar agua en bidones a lomo de burros para sus vacas.

Julián Coaguila Ramos tiene siete hijos. De ellos, el menor de todos se ha quedado junto a su padre y madre. Otros han migrado a Arequipa y otros a Moquegua. Otras parejas de jóvenes han seguido los mismos pasos. Julián asegura que hace 4 años había más de un centenar de familias y ahora no hay más de 30. Quienes siguen en la villa son en su mayoría los adultos mayores.

Uno de ellos es Aquilino Ramos, de 62 años de edad, quien se resiste a salir del pueblo. No está dispuesto a abandonar a su madre Marcela, de 89 años, y su padre Armando, de 91 años. Mira con tristeza caer algunas hojas secas del árbol de manzano dentro de su huerto. Hay también plantones de pera y tunas, pero ya no dan frutos como cuando recogía de niño.

Emergencia sin resultados

En diciembre del 2019, la Presidencia del Consejo de Ministros, a través del Decreto Supremo 188-2019-PCM declaró estado de emergencia a cinco distritos por contaminación del recurso hídrico. Fueron incluidos Matalaque Qunistaquilla, Omate, Coalaque y Chojata.

La medida ya fue ampliada en dos ocasiones y está vigente. Esta se extendió para facilitar acciones que conduzcan a remediar la cuenca. Pero no hay nada concreto a la fecha.

El alcalde distrital de Chojata, Priscilio Mamani, asegura que la alternativa es trasladar el agua por tuberías desde el sector de Matazo, a 27 kilómetros del pueblo. Ha viajado a Lima en más de una ocasión para gestionar apoyo para el proyecto que demandaría una inversión de 30 millones de soles. Indica que hay poco interés de las autoridades del Gobierno para sacar adelante esta idea.

Tampoco hay decisión política del Gobierno Regional Moquegua para hacer suyo el proyecto. La comuna distrital de Chojata recibió este año una transferencia de S/ 156 965 por de canon minero. El presupuesto general del municipio para el 2020, para gastos de inversión, es apenas de un S/ 1 382 687, monto que no alcanza ni para los estudios.

Pese a la situación adversa, hay agricultores que se niegan abandonar sus propiedades. Julián Coaguila y su esposa Pilar, de 63 años, a veces piensan en trasladarse a Moquegua. Julián tiene sentimientos encontrados. Considera que al irse renunciaría al pueblo donde nació y radicó toda su vida. Santiago de Pachas cumplió el pasado 25 de julio 67 años como comunidad y dos años como centro poblado. No hubo fiesta con bandas y la chicha de maíz. Todo se redujo a una misa con pocos concurrentes en la pequeña iglesia.

Así, mientras los habitantes de Pachas subsisten a su suerte, sin agua potable, sin cultivos y sin agua suficiente para sus animales, el Estado se niega a mirar el problema en su profundidad.