Dos especialistas analizaron el desplazamiento humano más importante que viene ocurriendo en el continente. Mientras que cerca de 4,6 millones de venezolanos huyen de su país en búsqueda de protección, los estados de la región adoptan medidas para controlar el flujo humano que desborda las fronteras.
El masivo desplazamiento de venezolanos hacia países vecinos de América Latina es el éxodo más grande que se haya registrado en la región. Casi 4,6 millones de personas abandonaron sus hogares ante la crisis política y económica que se vive en Venezuela, aunque las cifras podrían elevarse en los próximos años.
No es la única experiencia de movilidad humana en el continente, comenta Federico Agusti, representante de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) durante el taller sobre periodismo y movilidad humana. En el triángulo norte de Centroamérica, conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador, era frecuente ver caravanas de gente escapando del terror de las Maras. Asimismo, Colombia sufrió el desplazamiento interno de 7 millones de personas. Pero considera que la migración venezolana es el segundo éxodo más importante en el mundo, detrás de la marcha siria.
La mayor parte de venezolanos se han dirigido a dos países latinoamericanos, siendo Perú el segundo en recibir a 865 000 migrantes. Esto ha generado un impacto en los terrenos geopolítico, social y mediático al no comprender por qué hombres, mujeres y niños se aglutinaban en los puestos de frontera esperando ingresar al país. En ese sentido, ¿cómo entender este fenómeno migratorio en América Latina? ¿Cuál ha sido la respuesta de los estados y del Perú ante el masivo ingreso de venezolanos en tan poco tiempo?
Las olas migratorias venezolanas tienen una explicación: huyen de las violaciones masivas de sus derechos fundamentales. Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional en Perú, estima que 7 millones personas en Venezuela no pueden vivir sin la ayuda humanitaria. Asimismo, señala que la tasa de mortalidad infantil rodea el 30 % y, la mortalidad materna, el 60 %. Además, lleva el registro de 700 detenidos por protestar. Asegura que son detenciones arbitrarias y que no respetan el debido proceso.
“Con ese clima, la situación en Venezuela no cambiará en un corto plazo. Es probable que más personas huyan de esta situación”, pronostica la especialista en Derechos Humanos.
Similar diagnóstico tiene Agusti. En promedio, cinco mil venezolanos cruzan la frontera de su nación por día. Para el representante de ACNUR, en los próximos años, el egreso de personas será cada vez mayor.
Protección internacional
El flujo de venezolanos no puede entenderse solo como un fenómeno migratorio, sino como personas que buscan refugio en otros países. Navarro señala que existen diferencias entre ambas situaciones. Explica que un migrante tiene la capacidad de decidir el destino final de su viaje y, al mismo tiempo, su movimiento es voluntario. En cambio, los refugiados se ven forzados a desplazarse para salvaguardar su vida y la de su familia.
Por eso, alega que a esta masiva movilización de gente debe ser considerada como sujetos de protección internacional por los países receptores. La Convención de Refugiados, firmado por las naciones del mundo en 1951, y la Declaración de Cartagena, reconocida por los Estados de América Latina y el Caribe en 1984, establecen mecanismo de protección para las personas cuyo derechos básicos y fundamentales son potencialmente vulnerables. “Como el ambiente que se vive en Venezuela”, afirma.
A pesar de ello, la respuesta de los países latinoamericanos ha sido ambigua. Si bien los Estados recibieron una importante cantidad de persona en sus territorios, en el último año, tomaron medidas que regulan el flujo migratorio, el cual apresuró el paso de los desplazados, aglomerando las fronteras.
En Perú, el gobierno anunció en abril pasado que a partir de julio el ingreso al país sería con la visa humanitaria. Entre mayo y junio siguiente, el puesto de frontera en Tumbes registró los picos más alto de ingreso. Las personas habían acelerado el paso, pues obtenerla se volvería complejo para ellos.
¿Estuvo mal? Federico Agusti responde que no. Cada país tiene el derecho de decidir sobre sus políticas migratorias, opina. Sin embargo, cree que la dificultad se centra cuando los nuevos requisitos se vuelven un obstáculo. Muchas veces trunca el tránsito del migrante hacia su destino final.
Además, advierte que las medidas regulatorias restrictivas pueden generar que en el cruce de un país a otro se dé irregularmente por pasos de trochas, que termina por descontrolar el fenómeno migratorio, así también los expone a situaciones de vulnerabilidad.
“Muchos Estados no estaban preparados para el desplazamiento. No se trata si las normas son buenas o malas, sino de aplicar las políticas adecuadas dentro de un contexto de movilidad sin precedentes en la región”, concluye.
Debe estar conectado para enviar un comentario.