Por Edmundo Cruz
Circula por redes sociales un informe titulado “Al Jazeera: falsedades y omisiones de un documental”. Lo firma el periodista Miguel Ramírez Puelles. Como sugiere su título, el informe apunta al documental “El escándalo del Sodalicio”, un reportaje de investigación de Daniel Yovera Soto, reportero peruano, y realización de Seamus Mirodan, cineasta inglés. Tema: el tráfico de tierras comunales en Piura. El reportaje fue difundido en diciembre del 2016, por la cadena televisiva árabe Al Jazeera. Terminadas de leer las 39 páginas del “informe Ramírez” (así lo mencionaré en adelante), queda confirmado su propósito: descalificar a como dé lugar el referido reportaje. ¿Por qué razón?
Hipótesis
El reportaje de Al Jazeera sacó a la luz denuncias sobre una presunta vinculación de miembros de la banda criminal Gran Cruz del Norte –usurpadora de tierras comunales– con directivos de la Asociación Civil San Juan Bautista, entidad humanitaria fundada por miembros del Sodalicio de Vida Cristiana. De acuerdo al relato, la Comunidad Campesina de Castilla y otras personas que se reclamaban posesionarias antiguas de unas 300 hectáreas ubicadas en la periferia de la ciudad de Piura denunciaron haber sido despojadas de sus predios, con violencia extrema, por la mencionada banda. Ocurrió entre el 2012 y el 2014. Coincidentemente, aparecieron nuevos posesionarios que se presentaron como tales y vendieron sus lotes a la Asociación San Juan Bautista, entidad que las transfirió a la razón social Inmobiliaria Miraflores Perú para la construcción del proyecto inmobiliario “Miraflores Country Club”. Todo esto, según las versiones recogidas por el reportaje, bajo un supuesto acuerdo y una millonaria transacción.
Elementos de juicio
Como sustento de su hipótesis, el reportaje para televisión de 25 minutos presentó: (a) Testimonios de personas pertenecientes a los sectores denunciantes de los despojos; (b) Evidencias de pagos efectuados por la Asociación Civil San Juan Bautista a miembros de la banda Gran Cruz del Norte; (c) Una entrevista en sede fiscal en la que un directivo de la mencionada Asociación reconoce los pagos a la banda y los justifica como compensación por servicios de seguridad; (d) Otras denuncias sobre presuntos abusos de poder en que convergen la banda y directivos de la Asociación San Juan Bautista.
En rigor, las evidencias de pagos, inclusive en efectivo, efectuados por la Asociación San Juan Bautista a miembros de la Gran Cruz del Norte, son objetivos. Nadie niega su existencia ni autenticidad. Las diferencias giran en torno a las motivaciones de tales transacciones. El reportaje recoge versiones diversas, salvo las de personas que se abstuvieron ex-profeso, casos del empresario Alberto Gómez de la Torre y del arzobispo José Antonio Eguren.
“Informe Ramírez”
En diciembre último, transcurridos cuatro años desde la publicación del documental, apareció el “informe Ramírez” con una evaluación del reportaje de Al Jazeera, justo en el momento en que se anuncian audiencias para resolver la querella entablada en julio del 2019 por Alberto Gómez de la Torre contra el autor de la indagación periodística, Daniel Yovera.
El periodista Miguel Ramírez esta vez no indaga verdades ocultas por poderes. sencillamente presta su experiencia en la especialidad para evaluar el trabajo profesional de colegas encausados por supuesta difamación. No aclara si lo hace por iniciativa propia o por encargo. Recién el martes 2 de marzo, en su columna semanal en el diario “El Trome”, reconoció que su informe responde a un pedido del empresario Alberto Gómez de la Torre, aunque no aclaró el tipo de acuerdo.
Ramírez autocalifica su informe como una “investigación imparcial”. En realidad, el documento tiene más visos de pericia. Construye una evaluación que sólo detecta “falsedades y omisiones”, ninguna certeza. Y concluye que “el referido reportaje de Al Jazeera es sesgado y tuvo la evidente intención de perjudicar a la parte denunciada”.
Tal conclusión equivale a decir: el reportaje contiene dolo, esto es, intención de delinquir. Rasgo esencial que define el delito de difamación agravada, precisamente el mismo que Alberto Gómez de la Torre –la persona que ha pedido a Ramírez la elaboración del informe– imputa a Daniel Yovera.
Deslinde
Bien, resulta que el colega Miguel Ramírez inicia su informe invocando una reflexión sobre ética periodística de mi autoría y la inscribe junto al encabezado a modo de epígrafe o inspiración. La cita versa sobre el valor de la verificación de las informaciones en la relación “Periodista-Hecho”. Mi disquisición también es leída por la colega Mariella Balbi, en tono de declamación, al final de un video de difusión del informe. Otra red interesada repite el detalle.
Si bien, mi reflexión es de dominio público y, por tanto, de libre interpretación, en este caso siento el derecho y el deber de aclarar que no comparto el propósito y los contenidos del “informe Ramírez” y tampoco los veo inspirados en el epígrafe.
El reportaje de Yovera y Mirodan reúne los requisitos esenciales de un reportaje de investigación: tema de interés social, hipótesis sustentada en testimonios, documentos e indicios que merecen ser publicados para que sean investigados y resueltos por la autoridad competente. Tiene insuficiencias, como cualquier investigación periodística, pero no es movido por una inquina personal. Los dos periodistas acudieron a Piura motivados por el atractivo de un hecho complejo y oculto que debe ser desentrañado.
Patrón arbitrario
El “informe Ramírez” evalúa la investigación de Yovera y Mirodan a partir de un patrón de evaluación acomodado a los objetivos de quienes han pedido a Miguel Ramírez la elaboración del informe. Ese patrón parte de tres afirmaciones establecidas, a priori:
Primero: El informe da por sentado que “la prueba fundamental” del reportaje para vincular al Sodalicio con la banda es la afirmación de que el arzobispo José Antonio Eguren fue el fundador de la Asociación San Juan Bautista.
Ese señalamiento es una distracción. El dato fundacional es significativo, pero de lejos hay otros elementos de juicio con mayor valor probatorio. Me permito señalar, en concreto, las evidencias de pagos efectuados por la Asociación San Juan Bautista a miembros de la banda Gran Cruz del Norte -documentos auténticos que para el “informe Ramírez” poco cuentan- que son demostraciones objetivas de una presunta vinculación económica con la banda Gran Cruz del Norte.
Segundo: El “informe Ramírez” selecciona a su criterio un “pico más alto de notoriedad” del reportaje y como tal escoge el momento en que el ex jefe de la banda, Samuel Alberca, relata la presunta reunión del 2011 en la que Monseñor Eguren y el gerente de la Asociación San Juan Bautista les habrían planteado a él y a Dennis Cruz, el otro jefe de la banda, una oferta millonaria a cambio de que invadieran los terrenos que interesaban al proyecto inmobiliario de la Asociación y después se los vendieran.
Extraña elección de Ramírez que deja de lado otros pasajes del reportaje con fuerza indiciaria objetiva. Por ejemplo, el momento en que se revela la existencia de una entrevista tomada en sede fiscal, dentro de la Unidad de Crimen Organizado de Lima de la PNP, al representante de la Asociación San Juan Bautista, Alberto Gómez de la Torre. Ahí, el empresario admite “haber realizado pagos en efectivo y con cheques a los representantes nominados por la banda”. Y señala además, los supuestos conceptos de esos abonos: por servicios de seguridad de los lotes. Se sugiere inclusive que se trataría de pagos por extorsión.
Tercero: Miguel Ramírez, reconoce que los testigos y sus versiones son “la columna vertebral” del reportaje. Pero, a renglón seguido, acusa a los reporteros de haber publicado esos testimonios a sabiendas de que los testigos “no tenían credibilidad y contaban con antecedentes penales”, y por tanto no tendrían valor. Este es un argumento deleznable. Si esto fuera así, ¿qué validez tendría la figura del colaborador eficaz en el caso Lava Jato, cuya principal fuente son las propias confesiones de los autores del delito? Con ese rasero no habría sido posible la investigación del caso La Cantuta que, en parte contó con información de fuentes militares y de los propios ejecutores. No habrían prosperado las investigaciones de narcotráfico como las que en su tiempo realizó Miguel Ramírez, teniendo como fuentes personas con antecedentes penales.
Los antecedentes no invalidan a un testigo
Un condenado por falso testimonio a la justicia no puede oficiar de testigo. Pero, personas con antecedentes por otros delitos: sí. Inclusive, en caso de sentenciados, no hay que descartar una rehabilitación. Adviértase también que tener un antecedente es diferente a ser sentenciado, porque uno puede ser objeto de denuncias malintencionadas que se registran como antecedentes y no por eso pierde el derecho a declarar.
El reportero es un instrumento de la sociedad en busca de la verdad. Reconstruye los hechos. Entrevista actores, testigos, informantes, fuentes. Evalúa la información y la presenta a la sociedad. Puede preguntar al testigo sobre sus antecedentes pero no para desacreditarlo sino para valorar su versión. Los antecedentes son un referente y no anulan al testigo. El único con facultad para anular a un testigo es el juez.
El periodista sí está obligado a brindar al investigado la oportunidad de responder todos los cargos que se le imputan. Y, si el investigado se niega deliberadamente a responder, se le da la oportunidad de hacerlo por escrito. Pero, si tampoco responde y, por el contrario, remite una carta notarial en la que elude las cuestiones fundamentales, se considera que el periodista ha cumplido con darle la oportunidad de ejercer su derecho a los descargos. De lo contrario, se dejaría la suerte de la investigación en manos del investigado, porque sería suficiente que éste se niegue a declarar para que todo quede en nada. En este caso concreto, Daniel Yovera ha mostrado documentos que demuestran que solicitó entrevistas desde dos meses antes de la emisión del reportaje.
Las querellas
Del 2017 al 2019, los cuatro testigos calificados como “la columna vertebral” del reportaje de Al Jazeera, según el “informe Ramírez”, más el reportero Daniel Yovera, autor de la investigación, han sido objeto de querellas por difamación agraviada y la mayoría de ellas siguen en curso. A cada uno de los testigos los ha enjuiciado Alberto Gómez de la Torre como persona y la Asociación Civil San Juan Bautista como razón social. Daniel Yovera solo por Gómez de la Torre.
La Universidad Autónoma de Barcelona, España, su Departamento de Periodismo y Ciencias de la Comunicación, publicó el año pasado el libro virtual “Censurados: historias que no pudieron callar”, una muestra de las distintas caras de la censura en 12 países de Iberoamérica. De Perú, seleccionaron dos casos: (1) El Sodalicio y los intentos de amedrentamiento, campañas mediáticas y querellas contra los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz, a raíz de la publicación del libro “Mitad monjes, mitad soldados,” y (2) El caso de Miguel Arévalo Ramírez, alias “Eteco”, investigado por lavado de activos provenientes del narcotráfico y las querellas por difamación agravada que en base a un mismo hecho logró abrir en cuatro tribunales contra los periodistas Oscar Castilla y Edmundo Cruz con procesos sumarios y reparaciones civiles millonarias. Hechos que son una alerta: esa figura legal en defensa del honor y el buen nombre de las personas, que es la querella, puede estar siendo objeto de uso y abuso por grupos de poder que no entienden la función fiscalizadora de la prensa. Una amenaza a la que no se puede prestar un periodista.
