En defensa de la integridad en la política

La sospecha de filtración de dinero proveniente de organizaciones criminales en los partidos políticos, así como la eliminación de la norma que los obligaba a presentar sus reportes financieros durante sus campaña electoral y la vulnerabilidad de las regiones frente a la corrupción en sus instancias de gobierno definieron el contexto en el que se desenvolvieron los talleres “Periodismo de Investigación y Vigilancia Electoral”.

Poco más de dos docenas de temas de investigación identificados fueron quizás el más importante saldo que arrojó la serie de talleres “Periodismo de Investigación y Vigilancia Electoral” que organizaron la Fundación Gustavo Mohme Llona, IDEA Internacional y Ojo Público, y en el que participaron periodistas de Áncash, Huánuco, Ayacucho, Ucayali, Cusco y el Callao.

Los seis talleres se llevaron a cabo entre abril y setiembre de este año electoral y además de reunir a 129 participantes seleccionados, convocaron la presencia de especialistas de primer nivel, quienes capacitaron a los periodistas en legislación electoral y de organizaciones políticas, así como en temas vinculados a la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, a nivel nacional y regional. Entre ellos figuraron Pilar Tello Rozas, de IDEA Internacional, Felipe Elías Silva, del Grupo Especializado Anticorrupción (GEA) del Santa y Krupskaia Beraún Aguirre, de la Procuraduría Anticorrupción de Huánuco

Amado Enco, procurador público nacional especializado en delitos de corrupción, destacó el daño de la corrupción al Consejo Nacional de la Magistratura, al Poder Judicial, al Ministerio Público y al Congreso de la República. Dijo también que al tratarse del abusivo uso del poder público en provecho propio, la corrupción afecta también los derechos de las personas, por lo que resulta fundamental visibilizarla, especialmente si se trata de una práctica sistémica. Destacó la importancia de transparentar el financiamiento de las campañas electorales, pues quien llega ilícitamente al poder, protagonizará una gestión también ilícita. Hizo un llamado a manifestarse contra este mal, exigiendo control y sanciones, y también comprometerse de manera personal a respetar el sistema jurídico nacional, y a elegir de manera informada a las autoridades.

Walter Coello Huamán, fiscal adjunto superior titular en el tema de corrupción de funcionarios, explicó que es la búsqueda de impunidad lo que lleva a las grandes estructuras criminales a aspirar al poder, primero comprándolo, vía el financiamiento de las campañas de los políticos a los que luego les cobrarán en favores; y, más adelante, haciéndose directamente de él, ya sea creando agrupaciones políticas o insertándose en las ya existentes. Como mecanismos de control al alcance del periodismo, recomendó la revisión de las hojas de vida de los candidatos, su patrimonio antes y después de su eventual gestión, así como la contrastación del informe de gastos de sus campañas.

Refiriéndose al crimen organizado, Rubén Vargas, presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) aclaró que este no es una actividad nueva en nuestro país, aunque sí es reciente su tipificación y conceptualización, pues la Ley de Crimen Organizado recién empezó a aplicarse en el 2014. Citando logros concretos de la puesta en vigencia de dicha norma, destacó la eficacia de los esfuerzos de equipos de inteligencia, de una Policía operativa, del Ministerio Público y del Instituto Nacional Penitenciario, INPE, pues las cárceles se han convertido en bases de operaciones de los malhechores.

La exposición de Sonia Medina Calvo, procuradora pública especializada en delitos de tráfico ilícito de drogas del Ministerio del Interior, abundó en detalles sobre la actividad que se realiza a nivel local: la ausencia de cárteles, pero el funcionamiento de una estructura; la situación crítica en el VRAEM; la pérdida del primer lugar en producción de hoja de coca, el que ahora ocupa Colombia, que grupos remanentes de las FARC trafican, pues aprovecha el desguarnecimiento de los puertos peruanos para trasladar la droga, vía nuestro territorio, a su destino final; el cambio del precio de la mercadería según su ubicación: el lugar de producción, el puerto, el container, el mar, en el lugar de destino; las modalidades de ingreso de sustancias químicas necesarias para la producción, y la necesidad de protección que mueve al narcotráfico a relacionarse con la política regional y local.

Insistiendo en las importancia de prestar atención a las fuentes de financiamiento de las campañas políticas, el jefe de la Misión para el Perú de IDEA Internacional, Percy Medina, advirtió de los graves riesgos que las prácticas corruptas tienen para el sistema democrático, pues acaban con el principio de igualdad para todos, con la confianza en los políticos y con la independencia de los medios de comunicación. Como caminos para garantizar la integridad de la actividad política propuso la vigilancia respecto a la transparencia del Estado, los conflictos de intereses y los lobbies que afectan el actuar de los funcionarios públicos, y la protección de los partidos frente al ingreso de dinero ilícito. Al dar a conocer cuáles son las fuentes de dinero prohibidas por la normativa vigente respecto a las agrupaciones políticas – el Estado, las confesiones religiosas, las empresas, las fundaciones, los sentenciados o en prisión preventiva- , reclamó la importancia que tiene la efectiva aplicación de sanciones a los infractores, y no solo mediante multas, y rechazó el reparto de dádivas durante las campañas, pues estas, además de encarecer las campañas y hacer más vulnerables a los partidos, resultan un práctica nociva de compra de votos, según dijo.

El docente de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Fernando Tuesta Soldevilla, explicó que la política necesita del dinero porque los partidos han reducido sus ingresos propios, mientras los costos de campaña han crecido (ver recuadro), y que el dinero necesita de la política porque quiere influir en sus actos. Dando herramientas para un mejor trabajo fiscalizador a los periodistas participantes, el ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) distinguió luego entre las fuentes de financiamiento público y privado a las que tienen derecho las agrupaciones políticas e hizo una elocuente exposición de los cambios que contempla la reciente modificación a la Ley de Organizaciones Políticas.

Las cifras de la corrupción y la política

  • Aproximadamente doce millones de soles al año son robados al Estado. (Contraloría General de la República)
  • A marzo 2018, el perjuicio económico ocasionado al Estado por 5324 casos en ejecución de sentencia a nivel nacional era de S/.1,523,960,398.04   
  • De este monto, que equivale a la reparación civil que los sentenciados deberían pagar al país, solo se ha logrado cobrar S/.49,379,395.06.
  • La cantidad de casos de corrupción en trámite han llegado, en lo que va del año, a 36,300.
  • Desde que en el 2011 se puso en vigencia el nuevo Código Procesal Penal para la investigación exclusiva de delitos de corrupción de funcionarios, han ido aumentando el número de sentencias para casos destapados en el Callao: ocho en el 2012 y el 2013, 18 en el 2014, 19 en el 2015, 24 en el 2016, 36 en el 2017 y una proyección de 64 para el 2018.
  • La procuraduría especializada tenía, hasta el 15 de mayo de este año, alrededor de 32 mil procesos notificados por la comercialización de más de un kilo de droga; cerca de 73 mil por microcomercialización; 1859 por tráfico de insumos químicos; 792 por lavado de activos y 88 por pérdida de domino. La cantidad total llegaba a 99,978 casos.
  • Con un 7.5%, el Perú ocupa el último lugar en el ranking de los países latinoamericanos que confían en los partidos políticos. Tiene el primer lugar entre las naciones que consideran a la corrupción el principal problema local. (Barómetro de las Américas por Lapop).
  • Los ingresos obtenidos por las organizaciones políticas en las elecciones generales han subido de cerca de 25 millones de soles a alrededor de 64 millones de soles, entre los procesos de los años 2006 y 2016. Asimismo, los gastos de campaña se elevaron de 23 millones de soles a 66 millones de soles, en el mismo periodo. (Tuesta & Consultores).
  • Los gastos en publicidad en medios y carteles representaron el 82%, 80% y 70% del total en los años 2006, 2011 y 2016, respectivamente. (Tuesta & Consultores).