El fiscal Walter Coello tiene vasta experiencia investigando la infiltración del dinero de organizaciones criminales en los partidos políticos. Sostiene que los objetivos son siempre los mismos: contar con poder para garantizar la continuidad de sus operaciones delictivas o enriquecerse con el dinero del Estado.
Ante la proximidad de las elecciones regionales y municipales de octubre, la Fundación Gustavo Mohme Llona realizó el I Taller de Periodismo de Investigación y Fiscalización Electoral en el Callao, en el que participaron 16 periodistas. Ante ellos, el fiscal anticorrupción explicó cómo operan estas organizaciones dedicadas al crimen y cuáles son los rastros que deja su oscuro accionar.
Durante su exposición, el fiscal Adjunto Superior Titular de la Fiscalía Anticorrupción del Callao sostuvo que, en las últimas décadas, cada vez más empresarios ansiosos de poder han ingresado en los partidos políticos. «Cuando un empresario ingresa a la política, lo que piensa es: ¿cuánto invierto y cuánto voy a ganar?», señaló.
Las organizaciones criminales siguieron el mismo camino, obedeciendo sus propias motivaciones. “Estas organizaciones llegan a amasar grandes fortunas, y, como no pueden ir a los bancos, para subsistir buscan ingresar al poder”, relató Coello a los periodistas.
También sucede que empresas crean un fondo paralelo para influir en los movimientos políticos. Los financian para que lleguen al poder y una vez allí, los beneficien a costa de los recursos públicos.
“Odebrecht, por ejemplo, no obstante ser una empresa formal, una constructora internacional, crea un fondo paralelo, y se convierte en una organización criminal (…). ¿Para qué? Para ejercer poder en los movimientos políticos de América Latina. ¿Por qué? Porque una vez que lleguen al poder van a manejar los recursos públicos y ahí van a beneficiarlos”, indicó el fiscal.
Según señaló, empresarios y organizaciones criminales ya no quedan satisfechos con influir en el poder político mediante este tipo de vínculo y optan por participar directamente en los procesos electorales.
“Una investigación periodística reveló que el alcalde de Carmen de la Legua (Raúl Odar Cabrejos), en algún momento fue un empresario constructor y proveedor de la región del Callao, que presuntamente estaba concertado con el gobernador regional (Félix Moreno). Pero no contento con ser proveedor, ese empresario ahora es alcalde. Un empresario que aparentemente tiene relaciones con el poder político, luego se inserta en este poder”, explicó Coello.
La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao empezó a funcionar en el 2011, año en que logró una condena definitiva. Desde entonces, las sentencias por corrupción han ido en constante incremento, al sumar 8 en el 2012, 18 en el 2014, 36 en el 2017 y 16 en el primer trimestre de este año.
Fiscalizar el poder político
Ante la proximidad de un proceso electoral, el fiscal anticorrupción señaló dos fuentes principales para fiscalizar el poder político.
Hojas de vida. Si un político declara todas sus propiedades al postular a un cargo público, se puede hacer un comparativo entre su situación económica antes de ingresar al cargo y la que presenta al concluir su periodo.
«Podemos ver que este señor cuando ingresó a la política no tenía ninguna propiedad y, al cabo de cuatro años, tiene una casa en La Molina, un departamento en San Isidro y una casa en el Callao. ¿Tanto gana un funcionario? No, un funcionario tiene un sueldo medido. Así se obtiene indicios de que este señor se ha enriquecido con el cargo”, ejemplificó el expositor.
La propaganda electoral. “El gasto en propaganda es un factor fundamental a nivel indiciario”, sostuvo el fiscal, quien recomienda contrastar el monto reportado a la ONPE por gastos de publicidad, con los anuncios que el candidato ha hecho en televisión, periódicos o paneles. Según indicó, conviene consultar estos cálculos con personas familiarizadas con los precios de publicidad.
Seguir estas pistas durante la etapa electoral puede prevenir el ingreso de autoridades que se servirán del poder y sus recursos para sus fines particulares, como posiblemente ha sucedido con el desfile de autoridades que vienen siendo investigadas por recibir aportes de dudoso origen.
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