Jennifer Pérez Pinillos, especialista y exgerenta de Análisis de Información para el Control de la Contraloría General de la República, participó como expositora en un taller dirigido a periodistas de siete regiones del Perú para brindar mayores detalles sobre el Índice de Riesgos en la Inversión Pública (IRI).
Se trata de la primera herramienta en el Estado que analiza de manera sistemática y en simultáneo más de 199 mil proyectos de inversión pública del país en situación viable y estado activo.
Este instrumento permite identificar sus niveles de riesgo mediante la detección de debilidades en programación, ejecución financiera y física.
El IRI interopera con 11 fuentes de información y puede ser medido de forma mensual. Entre las principales bases de datos se encuentran las plataformas del Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI), INVIERTE, Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), Infobras, entre otras.
La especialista señaló que más de 532 mil proyectos de inversión pública están registrados en el Banco de Inversiones. De esta cifra, 199 800 (37.4%) han sido aprobados hasta abril de 2024, lo cual representa un gasto acumulado de aproximadamente 300 millones de soles.
Distribución de los proyectos en los tres niveles de gobierno
Alrededor del 85% de los proyectos de inversión pública del país están a cargo de las municipalidades provinciales y distritales. Mientras que un 9% se encuentra bajo la administración de los gobiernos regionales y un 6% está en manos del gobierno nacional.
A pesar de que el Ejecutivo registra una cifra baja en términos de cantidad de proyectos, su participación en el monto de inversión contra el 41.5%, es decir, supera significativamente al presupuesto que manejan los gobiernos locales.
Proyectos sin ejecución financiera
De las 199 mil obras a nivel nacional, 40 581 aún no han iniciado su fase financiera. Dentro de este grupo, 12 mil generan preocupación dado que desde hace tres años o más no han mostrado ningún avance en su ejecución presupuestaria.
“Para que un proyecto sea declarado viable, se destina dinero para la contratación de un especialista o consultorías. Una vez aprobado, la entidad tiene tres años para iniciar su ejecución, de no hacerlo, caduca el perfil. Esto implica que los recursos asignados en su momento se pierdan porque se tendrá que rehacer o actualizar los estudios de acuerdo con la realidad actual y eso implica un nuevo gasto”, explicó.
¿En qué sectores y en qué regiones se ejecutan más proyectos?
La mitad de los proyectos de inversión pública a nivel nacional se concentran en Transporte (23.3%), Saneamiento (13.7%) y Educación (13.2%). No obstante, en los últimos años también se observa un incremento en la ejecución de obras en el sector agropecuario.
En cuanto a las regiones, Áncash, Cusco, Puno, Cajamarca, La Libertad y Lima Metropolitana son las que registran la mayor cantidad de proyectos y presupuesto.
Proyectos según la modalidad de ejecución y rango de inversión
A nivel nacional, el 84% de los proyectos cuentan con un financiamiento menor a los 5 millones de soles. Sin embargo, las obras valorizadas en más de 10 millones de soles representan poco más de las dos terceras partes (71.9%) de toda la inversión pública.
Pérez detalla que un conjunto de 54 299 obras se ejecuta mediante administración directa, con un presupuesto inferior a los S/5 millones. No obstante, llama la atención el intento de algunas entidades de impulsar proyectos cuya inversión supera los 100 millones de soles bajo esta misma modalidad ya que esto demanda amplios recursos humanos, materiales y tecnológicos.
“La mayoría de entidades optan por ejecutar los proyectos por administración indirecta, es decir, se terceriza el proceso de contratación y supervisión de obra”, agrega.
Proyectos por fase en el ciclo de inversión
El 87.3% (173 667) de proyectos se encuentra en fase de ejecución, mientras que el 6.8% (13 534) en la etapa de formulación y evaluación, asimismo, un pequeño grupo que representa el 3.7% (7321) ya está en funcionamiento.
En cuanto al componente de infraestructura, el 56.5% (112 472) de los incluye infraestructura, el 1.2% carece de este factor y un grupo significativo (42.3%) no presenta información sobre este eje.
“En algunos casos, las entidades no completan el registro de información porque presentan demoras en la etapa de formulación del expediente”, refiere la especialista.
Proyectos con adicionales de presupuesto
Alrededor de 12 mil proyectos presentan aumento de presupuesto, más de la mitad de estos debido a deficiencias en el expediente técnico. Por otro lado, aproximadamente un tercio de las obras requiere financiamiento adicional debido a situaciones imprevistas posteriores a la suscripción del contrato, mientras que un grupo similar requirió un nuevo desembolsó por circunstancias no previstas en el expediente.
Además, un 33% (66 013) de los proyectos evaluados no registran gasto desde antes del 2017. “A la fecha, se encuentran abandonados, no han ejecutado ni un sol”, comenta Pérez.
Principales hallazgos del IRI
- A marzo de 2024, se detectó que alrededor de 11 mil proyectos presentaron demora para la aprobación del expediente técnico y/o documento equivalente.
- Alrededor de 39 mil proyectos incumplieron con las fechas del cronograma de ejecución física.
- El 69% de los proyectos de inversión han presentado discontinuidad en su ejecución financiera por más de 12 meses.
- Alrededor de 41 mil proyectos presentan demoras de más de un año en la liquidación del proyecto.
- Los proyectos orientados a las funciones de Transporte, Educación y Saneamiento son las que presentan n mayor riesgo de inversión.
- Los proyectos ubicados en las regiones de Áncash, Cusco, Puno, Junín y Cajamarca presentan un mayor riesgo de inversión.
Jeniffer Pérez Pinillos fue una de las expositoras del Curso de Actualización: Periodismo de Soluciones para la Cobertura de la Integridad, la Transparencia y la Vigilancia de las Contrataciones Públicas que se realizó en el 2024, a iniciativa de la Fundación Gustavo Mohme Llona, en el marco del Proyecto de USAID Inversión Pública Transparente. La actividad contó con acreditación académica de la Pontificia Universidad Católica del Perú y el respaldo institucional de la organización Solutions Journalism Network (SJN).
