Los periodistas de investigación Christopher Acosta y Ernesto Cabral son objeto de hostigamiento judicial desde actores políticos y un sector del sistema de justicia, con lo cual se intenta obstaculizar el trabajo que vienen realizando en sus respectivos medios de comunicación.
Christopher Acosta actualmente enfrenta una querella planteada por el político peruano César Acuña, dueño y fundador del partido Alianza Para el Progreso (APP). Esto, como producto de la información que revela el periodista en su libro Plata como Cancha (Aguilar, 2021).
En la publicación, Acosta explica la fortuna de este personaje y su relación con lo que considera la creación de “un sistema de justicia paralelo”. “Si César Acuña no fuera rico, estaría, muy probablemente, preso”, escribe el periodista.
A partir de información que obtuvo en el ejercicio del derecho de acceso a la información, entrevistas y el análisis de expedientes judiciales, Acosta cuenta una suerte de biografía no oficial del político norteño.
En contraparte, César Acuña ha optado por querellarlo, pero esta acción judicial, más allá de la búsqueda de justicia, se evidencia como un claro hostigamiento e intento de obstruir el trabajo del periodista, mediante la solicitud del embargo de sus bienes por una millonaria suma.
Christopher Acosta contó esta semana que, como parte del proceso, Acuña ha requerido el embargo de los bienes del periodista y de su editor Jerónimo Pimentel y la editorial Penguin Random House Grupo Editorial. “Acuña exige al juez de la causa que el despojo le garantice el pago de los S/ 100 millones que solicita”, denuncia el periodista.
Investigación fiscal
Por otro lado, el periodista Ernesto Cabral, del portal Ojo Público, es investigado por la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de La Victoria – San Luis, por presunta violación indebida de identidad, delito que es sancionado con una pena de entre cuatro y seis años de privación de la libertad.
En el 2019, Ernesto Cabral publicó en Ojo Público, en alianza con The Intercept de Brasil, audios de coordinaciones entre el investigado Martín Belaunde Lossio y dos fiscales del sistema anticorrupción. En la comunicación se hace notar coordinaciones para que Belaunde adapte sus manifestaciones para concordar con la línea de investigación del Ministerio Público.
La indagación fiscal es encauzada en atención a la denuncia del entonces abogado de Belaunde, Luis de la Cruz Moreno, quien pide investigar al periodista por revelar la aspiración de su patrocinado de acogerse a la colaboración.
Sin embargo, el portal Ojo Público subraya que esta condición de aspirante a colaborador eficaz de Martín Belaunde Lossio es conocido ampliamente desde el año 2014, según información difundida por otros medios.
Entre las diligencias que se han requerido desde el Ministerio Público está el levantamiento del secreto de las comunicaciones, situación que se constituye en una seria amenaza para el ejercicio libre del periodismo de investigación.
Desde la Fundación Gustavo Mohme Llona expresamos nuestro rotundo rechazo a estas prácticas que evidencian un claro hostigamiento judicial. El sistema de justicia no debe servir como instrumento para obstruir el libre ejercicio del periodismo.
Instamos a la ciudadanía y a la comunidad internacional para mantenerse vigilantes sobre el curso de estos dos casos, pues representan una amenaza contra las libertades de expresión e información en el Perú.
