Si hay algo elemental que aconseja la experiencia política de los últimos años y de estos días en especial, ese algo es la necesidad de transparentar al máximo los procesos electorales empezando por proporcionar a la ciudadanía la información básica sobre los antecedentes de los candidatos a elegir. Esta es una función que compete entre otras instituciones a la prensa, de ahí que la libertad de expresión sea uno de los derechos fundamentales garantizados por la Constitución Política del Estado.
Por esta razón, preocupan las noticias procedentes de Puno sobre el plazo de 24 horas y las amenazas de muerte proferidas contra el periodista Liubomir Fernández Fernández, corresponsal del diario La República, a propósito de la publicación de sus notas investigativas relacionados con los antecedentes de Alexander Flores Pari, candidato al Gobierno Regional de Puno por la agrupación Poder Andino.
El control que la familia del candidato ejerce sobre la estructura partidaria de Poder Andino y el papel del grupo familiar como uno de los promotores de la minería ilegal que ha contaminado las cuencas del río Ramis e Inambari –planteados por el periodistas-son asuntos para el debate electoral. En todo caso, pueden ser esclarecidos, refutados o denunciados, pero amenazas de muerte para exigir el retiro de informaciones que ilustren a los electores, de ninguna manera.
Lima, 26 de setiembre de 2018
Debe estar conectado para enviar un comentario.