El sociólogo Fernando Tuesta Soldevilla considera que una de las principales problemáticas en torno a los partidos políticos en el Perú se encuentra en la forma de su financiamiento, que es principalmente privada y permite el ingreso de dinero de origen ilícito, según lo sostuvo durante su exposición en el II Taller “Periodismo de Investigación y Fiscalización Electoral”, realizado el viernes 4 de mayo en Chimbote, Áncash.
El también docente de la PUCP destacó que las Elecciones Regionales y Municipales 2018, que se realizarán en octubre próximo, definirán a 12 903 autoridades en todo el país. A diferencia de los procesos electorales anteriores, los alcaldes y gobernadores regionales no podrán buscar la reelección debido a la entrada en vigor de una ley que instaura esta prohibición.
En el taller realizado por la Fundación Gustavo Mohme Llona, con apoyo de IDEA Internacional y Ojo Público, Tuesta indicó que existen 14 normas vinculadas con los procesos electorales y recientemente se han hecho algunas modificaciones legales en relación con el financiamiento de las agrupaciones políticas, un tema importante debido a que tantas veces se ha introducido por esta vía dinero proveniente de la corrupción y otros delitos.
Partidos vulnerables
Mientras se han ido reduciendo los ingresos de los partidos por concepto de aportes de militantes, los costos de las campañas electorales van en incremento, lo que ha generado una brecha que vuelve vulnerables a estas organizaciones. Frente a esta situación, a menudo se han discutido medidas punitivas.
«La corrupción tiene un sentido y un origen en las campañas electorales, que generan en las agrupaciones políticas la necesidad de solventar sus gastos. Entonces, la pregunta no es ¿cómo sancionamos?, sino ¿cómo desactivamos aquellos aspectos que ocasionan que los candidatos y partidos caigan en manos del dinero mal habido?”, expresó frente a los 16 asistentes al taller.
16 periodistas y estudiantes del departamento de Áncash escucharon atentamente a los expositores y expresaron sus interrogantes.
Financiamiento público
Las agrupaciones políticas del resto de países de América Latina tienen financiamiento público para sus campañas electorales, excepto las de Venezuela y Bolivia. En el Perú, con la pretendida reforma electoral, desde el año 2017 los partidos que hayan obtenido representación reciben ingresos del Estado para gastos de formación y funcionamiento de sus bases, pero no para financiar sus campañas electorales.
“Más importante que sacar normas es desinflar la proporción de dinero privado en las campañas. ¿Cómo? Incrementando la franja electoral y prohibiendo a los partidos comprar publicidad electoral”, planteó el ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
En opinión del doctor en sociología, si bien el financiamiento público a los partidos políticos no ofrece la garantía de que no reciban dinero de origen ilícito, sí disminuye esta posibilidad.
Contribuyendo con la defensa del sistema democrático y los valores cívicos, la Fundación Gustavo Mohme Llona, con apoyo de IDEA Internacional y Ojo Público, desarrolla una serie de talleres en diversos departamentos del país, con el objetivo de brindar a los periodistas la capacitación necesaria para cumplir su labor fiscalizadora en los comicios del 7 de octubre próximo.
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