Karina Díaz Farroñay, abogada y actual asesora de la Adjuntía en Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, estuvo a cargo de la sesión sobre “El derecho de acceso a la información pública en un Estado democrático”, como parte del Curso de Especialización en Periodismo y Política.
En la sesión realizada el 13 de setiembre, Díaz explicó que la transparencia se ha convertido en un indicador fundamental de la calidad de los gobiernos que aspiran a considerarse democráticos, para que los ciudadanos puedan ejercer adecuadamente su valoración y una verdadera intervención participativa.
Asimismo, detalló que impedir el acceso a la información pública puede socavar la calidad de la toma de decisiones públicas y evitar que los ciudadanos controlen los abusos del poder público. Con ello, la abogada se refiere a que la transparencia es un componente esencial en un sistema basado en derechos, donde se busca que la información esté disponible, accesible y difundida entre la población.
La abogada comentó que la principal consecuencia de la falta de transparencia en el Estado es la corrupción.
“Es necesario que toda la ciudadanía pueda fiscalizar y validar todo el trabajo que hacen los funcionarios y servidores públicos. De esta manera, habrá mayor confianza. En la medida que la ciudadanía cuente con más información, se generará más participación, la cual crecerá y será de calidad. Así la ciudadanía podrá colaborar en la mejora de la gestión pública, además de ejercer derechos ciudadanos”, sostuvo Díaz.
En otro momento, la abogada comentó que la principal consecuencia de la falta de transparencia en el Estado es la corrupción, la cual “implica un mal uso de poder público a fin de obtener ventajas y beneficios personales o en favor de terceros”. En ese sentido, crea escenarios para la vulneración de derechos fundamentales como la salud, la libertad de expresión y la seguridad ciudadana.
“El acceso a la información es una herramienta que lucha contra la corrupción, para atacarla no basta con la transparencia, que haya acceso a información no quiere decir que no habrá corrupción, pero sí disminuirán los niveles de esta, además de prevenir el clientelismo y la ineficiencia gubernamental”, sostuvo la asesora de la Adjuntía en Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo.
Por último, la expositora se centró en explicar los desafíos que presenta el derecho de acceso a la información pública (AIP). De esta manera, señaló que actualmente el Tribunal de Transparencia no cuenta con mecanismos para hacer efectivas sus resoluciones, pues “si bien las entidades tienen una resolución que les ordena la entreguen un plazo de 5 días, es muy alto el número de casos en los que ciudadanos vuelven a acudir al tribunal para informar que la entidad ha incumplido o cumplido parcialmente”, explicó.
Díaz también destacó que un segundo desafío a abordar es la creación de una plataforma nacional en materia de acceso a la información pública, donde los ciudadanos puedan no solo presentar solicitudes a cualquier entidad pública, sino también, realizar todo un seguimiento de estas.
“Se está iniciando recién un proyecto piloto de una herramienta que facilite acceder a la información solicitada, pero todavía no contamos con una plataforma a corto plazo, donde los ciudadanos prosigan con el recurso de apelación”, explicó la abogada.
El Curso de Especialización en Periodismo y Política fue organizado por la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas, y la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), junto con IDEA Internacional y la Fundación Gustavo Mohme Llona.
