Participación ciudadana en el proceso de selección de magistrados del Tribunal Constitucional
Un sistema democrático también se sostiene en sus instituciones. Es el caso del Tribunal Constitucional (TC), un órgano constitucional autónomo que tiene entre sus funciones la interpretación de la carta magna, la resolución en instancia única de las acciones de inconstitucionalidad, decidir sobre eventuales contiendas de competencia entre distintos organismos del Estado, además de decidir en última instancia los procesos constitucionales (habeas data, acción de amparo y habeas corpus). Es decir, el TC tiene un rol fundamental en decisiones que atañen directamente al sistema democrático. El Congreso peruano ha tenido procesos fallidos de elección de los magistrados para el TC. En el 2013, se hicieron públicos audios en los que se escucha a congresistas de distintas bancadas repartirse los puestos para las designaciones de magistrados del TC, además del defensor del Pueblo. En el 2021, el proceso de elección también se frustró por incumplimientos del reglamento del proceso.
Para el nuevo concurso público del 2022, la Fundación Gustavo Mohme Llona decidió acompañar a un grupo de organizaciones de la sociedad civil peruana para la convocatoria de un panel de expertos internacionales, en el marco del derecho de participación ciudadana. Los especialistas convocados son el jurista venezolano Carlos Ayala, quien fue presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); Daniela Salazar, vicepresidenta de la Corte Constitucional en Ecuador; el jurista argentino Eduardo Bertoni, en representación del Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos (IIDH); la magistrada chilena de garantías constitucionales María Zapata; y Eduardo Rodríguez, expresidente de Bolivia y extitular de la Corte Suprema de Justicia de este país. Forman parte de esta iniciativa las organizaciones internacionales Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Comisión Internacional de Juristas, el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional; y en el Perú acompañan, además de nuestra organización, Transparencia, Proética y el Instituto de Defensa Legal (IDL).
En paralelo, desde la Fundación Gustavo Mohme Llona, habilitamos un sitio en nuestra página web con documentación importante de este concurso público, para que la ciudadanía pueda ejercer también los derechos de vigilancia y participación ciudadana.